Comprender el viaje de Rajoy a Senegal exige mirar para atrás. El trabajo desarrollado por España para conseguir el apoyo de las autoridades locales a la lucha contra la inmigración fue una tarea complicada que se consiguió gracias a la diplomacia de las alcantarillas pilotada con éxito por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Al principio del mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero nos encontramos con unas riadas incontrolables de inmigrantes subsaharianos que llegaban España transportados por peligrosas mafias. Había que poner coto como fuera. Para ello actuó el Ministerio de Asuntos Exteriores, que necesitó del apoyo imprescindible del servicio secreto con su director a la cabeza, Alberto Saiz.
Había que convencer a las autoridades senegalesas de que colaboraran, algo que requería darles algo a cambio. El Gobierno español les prometió ayudas e incluso ayudar en la vigilancia marítima. El presidente Rajoy lo ha podido comprobar en su reciente visita, en la que ha conocido el trabajo de una patrullera de la Guardia Civil y del patrullero "Vencedora" de la Armada. Los efectivos humanos y materiales españoles están haciendo el trabajo contra las mafias que los propios senegalés no tienen capacidad para realizar.
Todo esto no se habría podido llevar a cabo sin los fondos reservados del CNI. Su diplomacia secreta, acompañada de maletines, permitió limar los problemas para que aceptaran la colaboración española. Y fue Alberto Saiz el que los llevó personalmente. El resultado ha quedado claro: los grandes problemas normalmente se resuelven en las alcantarillas del poder, aunque sea en Senegal.
martes, 5 de mayo de 2015
miércoles, 25 de marzo de 2015
Detectives: Por qué los "huelebraguetas" se han convertido en profesionales imprescindibles en la sociedad actual
El mundo de los detectives españoles es más conocido por lo que describen los autores de novela negra que por lo que podemos conocer a través del periodismo y de sus protagonistas. En mis treinta años de profesión, he investigado, denunciado e informado en numerosas ocasiones sobre hechos protagonizados por estos investigadores privados. Sin embargo, pocas han sido las aportaciones directas de los detectives a ese debate necesario sobre su trabajo diario. Es en este sentido en el que considero de vital importancia el libro “Detectives.Rip”, escrito por Juan Carlos Arias, de la editorial “Seleer”.
A Juan Carlos Arias le conocí cuando éramos dos jóvenes veinteañeros. Nos
sobraba ilusión y nos faltaba perspectiva. Él estaba como loco por contribuir
con su trabajo a la resolución de conflictos que tantas personas y empresas le
encargaban. Actuaban así, él lo sabía muy bien, porque no había nadie más que
pudiera ayudarles. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han estado
siempre sobrecargados de trabajo y no pueden dedicar a algunos casos el
esfuerzo que muchas personas desearían. En otros temas no delictivos, los
clientes acudían a Juan Carlos, al igual que a sus compañeros, porque
precisaban investigaciones que les aportaran datos necesarios para su vida
privada o para la buena marcha de sus empresas.
Por aquel entonces fue cuando escuché por primera vez el calificativo
despectivo dirigido a los detectives, ese que todavía hoy aparece cuando
alguien quieres menospreciarles: huelebraguetas. Un término que pudo tener
sentido en España y en el mundo cuando los investigadores se dedicaban
principalmente a demostrar que los hombres eran infieles a sus mujeres.
Ese terreno se ha superado, aunque siguen siendo muchos los hombres y
mujeres que sumidos en la congoja de ver su matrimonio en peligro, acuden a
ellos en busca de una información que acabe con sus dudas.
El retrato apasionante que hace Juan Carlos del estado de su profesión en
este libro tiene mucho de realidad y nada de fantasía. Abre la puerta a la
discrepancia sobre sus planteamientos, pero pone el corazón en probar su tesis:
los gobiernos hacen todo lo que está en su mano para impedirles el ejercicio de
su trabajo y hay muchas manzanas podridas que perjudican la imagen que de ellos
tiene la sociedad.
Comparto absolutamente su primera tesis y solo hay que leer los capítulos
en los que describe las leyes que se han aprobado durante la democracia, para
dejar en evidencia lo que me gusta calificar como persecución al trabajo de los
detectives.
Muchas veces he escrito en contra de las limitaciones que el Ministerio del
Interior pone a su trabajo. Cerrando tantas ventanas a su trabajo es imposible
que puedan desarrollarlo como la sociedad necesita. Me atrevería a decir que
los funcionarios policiales tienen la mirada cicatera de quien no quiere
compartir espacio con personas que no llevan una placa y por lo tanto que
necesariamente tienen que saber menos que ellos. Aún más, los consideran
intrusos en un mundo que les pertenece. Se equivocan y mucho.
En una sociedad con tantos delitos, el Ministerio del Interior español
debería aprender de países como Estados Unidos, en los que a cambio de dotarlos
de algunas competencias, consiguen que el trabajo de los detectives se sume al
que realizan los policías. Y este es el quid de la cuestión: sumar y no restar.
Los detectives españoles tienen una formación universitaria y profesional
muy superior a la existente en la mayor parte de los países. Son gente
capacitada para conseguir información y probar sus argumentos. Lo demuestran
diariamente en salas de Justicia y con el reconocimiento de particulares y
empresas que siguen contratándolos a la vista de sus buenos resultados.
Entonces, ¿por qué los que mandan les ponen tantas trabas para su labor?
Solo veo celos y envidias, donde debería haber sana colaboración y
confianza. La Policía no puede con tantos delitos y los detectives ayudarían a
desahogarles de tanto trabajo. No lo han entendido nunca y me temo que la
visión de Juan Carlos no permite abrigar cambios en un futuro cercano.
No soy ajeno al principal motivo en el que se sustentan las críticas de los
cuerpos de seguridad. Los escándalos que aparecen periódicamente en los medios
de comunicación ensombrecen la labor callada y exitosa de centenares de detectives.
Esos escándalos que presentan ante la opinión pública a unos detectives que se
saltan la ley, que corrompen a funcionarios, capaces de cualquier cosa ilegal a
cambio de llenar sus arcas.
Para ilustrar esta realidad, de la que Juan Carlos se aleja con sentimiento
de pena y desprecio, aporta dos casos recientes muy significativos: la
“Operación Pitiusa” y los casos de “Método 3”.
Para mí está claro que la inmensa mayoría de los detectives son gente seria
que trabaja respetando la ley, pero que a veces –una parte de ellos- tontea con
esa línea roja que les han marcado y que les impide conseguir por medios
normales la información que necesitan para sus casos. ¿Por qué no dejarles
consultar el archivo de maltratadas antes de aceptar el encargo de un hombre
para buscar a su esposa? ¿Por qué los políticos contratan continuamente a
detectives para obtener información de comportamientos irregulares de sus
oponentes, cuando luego a la hora de hacer leyes se distancian de su trabajo?
El libro es muy duro con estos comportamientos y a veces he tenido algunas
discrepancias. Me parece mal que los detectives creen una red para compra-venta
de datos, pero creo que el Estado debería facilitarles el acceso a determinadas
informaciones, siempre estableciendo las necesarias garantías. En este sentido,
me ha encantado el caso de Matías Bevilacqua, que hacía trabajos fuera de la
ley en ordenadores ajenos y al que la Policía detuvo en la “Operación Pitiusa”.
Curioso que esas mismas habilidades supuestamente delictivas las empleara al
servicio del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI).
Creo que los detectives detenidos por casos de corrupción no eran todos
ellos malos trabajadores. Seguro que algunos tenían una explicación para estar
allí metidos. Yo he seguido el trabajo de Francisco Marco, de la extinta Método
3, y he podido comprobar personalmente el gran trabajo que ha realizado en
investigaciones difíciles y comprometedoras. Eso sí, si él y el resto de los
implicados se saltaron la ley, respetaré las sanciones que acuerden los
tribunales.
Juan Carlos Arias siempre ha sido un valiente y con este libro descarnado
lo demuestra. Nadie como él para echar luz sobre un mundo al que acusan
injustamente de mal funcionamiento. Comparto plenamente sus palabras: “Esta
obra, en suma, reivindica un orgullo profesional y un oficio al que se adjudica
un plus de maldad en los últimos tiempos que resulta injusto y hasta hiriente
para quien vive de ella”.
Pasen y lean. Antes pónganse una gabardina con capucha, pues el chaparrón
que viene es muy grande. Eso sí, les asegura que al final verán las calles por
las que circula el mundo de los detectives con la esperanza de que algún día
todo vaya mejor. Y que muchos investigadores como Juan Carlos Arias seguirán
siempre ahí para ayudarles en lo que necesiten.
(Prólogo que he publicado en el libro "Detectives.Rip" de Juan Carlos Arias)
martes, 10 de marzo de 2015
Espías y policías fallaron el 11-M
A nadie le gusta reconocerlo abiertamente, pero once años después del 11-M hay un consenso general entre los servicios de
información de la Policía y la Guardia Civil, y los de inteligencia del CNI: el
11-M fue posible porque cometieron graves fallos. Entre ellos se siguen echando
la culpa, pero todos aceptan un grado de responsabilidad, agravado por la falta
de coordinación. Algo demostrable: entre todos ellos habían estado controlando
los movimientos de los terroristas en los años anteriores, pero no fueron
capaces de evitar que los trenes saltaran por los aires.
La Policía tenía varias células islamistas
controladas. La Guardia Civil había hecho el seguimiento de varios terroristas
y de un tráfico de explosivos. Y el CNI tenía bajo control a varios de ellos y,
especialmente, al emir del grupo, Allekema Lamari. Es complicado justificar
cómo con tal cúmulo de información no pudieron evitar que murieran 191 personas
y que 1.775 resultaran heridas. Esta es la historia.
El Centro Nacional de Inteligencia disponía al
inicio del siglo XXI de un Área de Terrorismo Islamista con un peso al menos
diez veces inferior al que dedicaban a la lucha contra ETA. Fue tras los sucesos
del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos cuando la perspectiva empezó a
cambiar, en parte por el descubrimiento de que algunos de los terroristas que
se habían inmolado habían pasado por España y en parte porque la CIA comenzó a
pedir mucha colaboración y mano dura contra ellos.
AZIZI, UNA HUÍDA EXTRAÑA
En los meses posteriores, todo el empeño del CNI y
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fue dirigido a desmontar la
célula de Al Qaeda que se había montado en España. De ella formaba parte Amer
el Azizi, un marroquí que estaba controlado por el CNI y con el que tenían una
cierta relación. Nacido en Casablanca, traductor de español, llevaba varios
años en los que había captado a los miembros de la célula que dirigía Abu
Dahdah y a uno de los personajes clave del 11-M, “El tunecino”.
En noviembre de 2001, agentes de Policía le tenían
controlado, incluso con cámaras especiales instaladas en los alrededores de su
casa, prestos para detenerle junto con sus compañeros en la llamada “Operación
Dátil”, cuando dos agentes del CNI fueron a verle y golpearon repetidamente la
puerta de su casa sin conseguir respuesta. Azizi se mosqueó, se cortó la barba
y consiguió abandonar España. Nunca se ha conocido su relación concreta con el
CNI, pero la Policía les achacó actuar por su cuenta y evitar su detención.
Convertido en el enlace entre los terroristas del
11-M y Al Qaeda, regresó a Madrid a principios de 2003, lo que se ha podido
saber porque vendió legalmente su coche. Después desapareció y no se supo nada
de él hasta que la dirección de Al Qaeda confirmó que un misil lanzado por un
drone en Pakistán había acabado con su vida.
ZOUGAM, CNI Y POLICÍA A POR ÉL
Otros de los implicados en el 11-M que controlaron
los agentes del CNI fue a Jamal Zougam, empleado de un locutorio. Como en
varios de los casos de los terroristas muertos o detenidos, intentaron ser
captados por el servicio de inteligencia y al mismo tiempo por los servicios de
información de la Policía. Cada uno campaba a su aire, compitiendo con los que
deberían ser sus aliados en la lucha contra el terrorismo islamista. Una vez
detenido, con poco que perder, Zougam reconoció los intentos de captación.
“EL POLLERO” DEL CNI SOBRE LAMARI
El tercer caso, y el más importante, es el de
Allekema Lamari, que había sido militante del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino,
y que fue clave en los atentados de los trenes. Al poco de llegar a España en
1997, fue detenido en una operación policial contra una célula del GIA. En 2002
quedó en libertad por un error judicial y a partir de ese momento todos sus
movimientos en Valencia fueron controlados por el CNI.
El servicio secreto dispuso de la mejor
información gracias a Sabagh Safwan, más conocido como “El pollero”, un
colaborador que mantenía buenas relaciones con los islamistas y que pasó a
recibir órdenes de dedicar todos sus esfuerzos a informar sobre las actividades
de Lamari.
Gracias a “El pollero” los espías supieron que
Lamari había salido de prisión mucho más radicalizado de lo que ya estaba antes
de entrar y que estaba obsesionado con la venganza. En el servicio estaban
tranquilos, pues sabían al minuto todos sus movimientos gracias a su
confidente.
Medio año antes del 11-M, “El pollero” les
concretó que Lamari estaba poniéndose en contacto con otros islamistas para
organizar un atentado en España, aunque carecía de cualquier pista relativa al
dónde, cómo y cuándo. Lo que inicialmente era un tema preocupante, se convirtió
en especialmente grave cuando meses antes desapareció y nadie supo dónde se
escondía. El 6 de noviembre de 2003, el CNI dio la alerta a la Policía y la
Guardia Civil para que le buscaran, avisando que tenía intención de cometer un
atentado.
Todos le buscaron pero nadie supo de él. El 6 de
marzo, un nuevo informe del CNI alertaba de que a su desaparición había que
sumar la de cinco de sus acólitos, que habían abandonado sus puestos de trabajo.
Lamari reapareció como uno de los responsables de la colocación de bombas en
los trenes y después, el 3 de abril, se encontraron sus restos entre los
terroristas que se inmolaron en un piso de Leganés antes del asalto de la
Policía.
“EL TUNECINO” SE ESCAPÓ DE LA POLICÍA
El trabajo anterior a los atentados de los
servicios de información de la Policía fue objetivamente tan bueno como el del
CNI, incluso mejor. Al caso citado de Jamal Zougan se unió Serhane ben
Abdelmajik Fakhet, alias “El tunecino” fue controlado hasta pocos días antes de
que participara en los asesinatos y no se supo nada de él hasta que se inmoló
junto a otros responsables.
Otro caso fue el de Abdelkader el Farssaoui, más
conocido como “Cartagena”. Imán de la mezquita de Villaverde desde el año 2002,
se convirtió en confidente de la Policía –en algunos momentos también del CNI-,
y colaboró durante años en la identificación de simpatizantes islamistas, entre
los que estaban los autores materiales de la colocación de bombas en los
trenes.
Ellos y algunos otros informadores hacen concluir
a un miembro de los servicios de información de la Policía que en los meses previos
al estallido de las bombas tenían controladas varias células islamistas.
“EL CHINO” Y LA GUARDIA CIVIL
Algo similar a la Policía y al CNI fue el trabajo
de la Guardia Civil, aunque menor en dimensiones. Ellos siguieron a Jamal
Ahmidan, alias “El chino”, que se había dedicado al tráfico de drogas y que en
un primer momento no tuvo una relación directa con el terrorismo islamista.
Posteriormente, se descubrió que fue un elemento activo en los atentados del
11-M en su versión de financiación. Acabó su vida inmolándose junto a seis
compañeros en el piso de Leganés. “El chino” también fue controlado en algún
momento por la Policía.
Todos estos datos dejan en evidencia que entre el
CNI, la Policía y la Guardia Civil tenían controlados a todos los terroristas
en mayor o menor grado. Y que si el atentado se llevó a cabo fue debido a una
falta de coordinación entre ellos y a una mala interpretación de la información.
Además de la filtración que señalaba que Lamari
estaba preparando un atentado, hubo otras pistas. Por ejemplo, el 18 de octubre
de 2003, el emir de Al Qaeda, Osama Bin Laden, amenazó públicamente a España,
como enemigo del islam, por su participación en la guerra de Irak.
A pesar de ello, horas después de la comisión del
atentado, los informes del CNI y de la Policía no reflejaban la certeza de que hubiera
sido obra del terrorismo islamista y se creía en la versión de ETA. Una versión
que el director del CNI, Jorge Dezcallar, sostuvo durante 48 horas, según ha
atestiguado el entonces presidente del gobierno, José María Aznar. Según
parece, ni el espionaje masivo de la NSA consiguió ningún tipo de prueba sobre
la autoría islamista. Aunque los policías sí que empezaron a creer en el ataque
por motivos religiosos cuando a las pocas horas apareció el vehículo con cintas
del Corán.
Todos quedaron en evidencia al no haber sido
capaces de evitar los atentados y prueba de ello es que el nuevo presidente del
gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, creó el 28 de mayo de 2004 el Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista.
Esa medida se unió a otras. El CNI contrató
centenares de agentes, la mayor parte de los cuales fueron destinados a la
lucha contra el terrorismo islamista, algo similar, de menor dimensión, a lo
que pasó en la Policía. Se pretendía poner la lucha contra este tipo de
terrorista al nivel que debería haber estado antes del 11-M. Sus resultados han
sido buenos.
lunes, 23 de febrero de 2015
23-F: el golpe del CESID
Se cumplen 34 años del intento de golpe de Estado protagonizado en el Congreso de los Diputados por el teniente coronel Tejero, en Valencia por el teniente general Milans del Bosch, en las cercanías del poder por el general Armada y en las alcantarillas por el CESID.
Llevamos 34 años en los que el entonces secretario general del servicio secreto, Javier Calderón, ha defendido que no sabía nada, algo que la realidad de los hechos ha demostrado que no era cierto. Varios agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) condujeron el autobús de los golpistas hasta el Congreso, lo que quedó demostrado por la denuncia formulada por uno de los miembros de la unidad, el sargento Rando Parra. Este se lo comunicó a uno de los jefes de la unidad de confianza, el comandante Camacho, quien cometió el pequeño error basado en lealtad de pasarle la información a Calderón, que en realidad era el que mandaba en aquel momento.
Calderón, íntimo amigo del jefe de la AOME, el comandante Cortina, intentó frenar la investigación que implicaba al CESID, pero no lo consiguió ni con los intentos de silenciar y después matar a Rando.
Cortina resultó libre en el juicio, pero no así su segundo, Gómez Iglesias, que fue condenado. Un nuevo director, Emilio Alonso Manglano, nombrado unos meses después, hizo una limpieza en el CESID que consistió en quitar a todos los golpistas de su fila. Lo que no pudo evitar es que en 1996 el presidente Aznar nombrara director del servicio a Javier Calderón, que lo primero que hizo fue echar a Camacho y a Rando como venganza por su intervención en las denuncias del 23-F.
34 años después que nadie se lleve a engaño: el CESID se movió en las alcantarillas para que el golpe triunfara, por mucho que lo nieguen sus protagonistas.
Llevamos 34 años en los que el entonces secretario general del servicio secreto, Javier Calderón, ha defendido que no sabía nada, algo que la realidad de los hechos ha demostrado que no era cierto. Varios agentes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) condujeron el autobús de los golpistas hasta el Congreso, lo que quedó demostrado por la denuncia formulada por uno de los miembros de la unidad, el sargento Rando Parra. Este se lo comunicó a uno de los jefes de la unidad de confianza, el comandante Camacho, quien cometió el pequeño error basado en lealtad de pasarle la información a Calderón, que en realidad era el que mandaba en aquel momento.
Calderón, íntimo amigo del jefe de la AOME, el comandante Cortina, intentó frenar la investigación que implicaba al CESID, pero no lo consiguió ni con los intentos de silenciar y después matar a Rando.
Cortina resultó libre en el juicio, pero no así su segundo, Gómez Iglesias, que fue condenado. Un nuevo director, Emilio Alonso Manglano, nombrado unos meses después, hizo una limpieza en el CESID que consistió en quitar a todos los golpistas de su fila. Lo que no pudo evitar es que en 1996 el presidente Aznar nombrara director del servicio a Javier Calderón, que lo primero que hizo fue echar a Camacho y a Rando como venganza por su intervención en las denuncias del 23-F.
34 años después que nadie se lleve a engaño: el CESID se movió en las alcantarillas para que el golpe triunfara, por mucho que lo nieguen sus protagonistas.
viernes, 20 de febrero de 2015
Venezuela: Cuando los que detienen son los espías
Ayer nos quedamos muchos estupefactos. La noticia y las imágenes eran para llorara. En Venezuela fue detenido, con un despliegue de medios propio de un ataque yihadista, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Decenas de uniformados entraron violentamente en el edificio donde tenía su despacho y con todo tipo de violencia se lo llevaron sin que mediara una odien judicial.
Hay muchas cosas que comentar sobre el caso, pero hoy quería referirme a un aspecto: los que detuvieron al alcalde acusado de conspirar contra el régimen venezolano fueron miembros del servicio secreto del país, que parece que se lo llevaron a su sede situada en el centro de la capital.
La actuación de los espías en estos casos es algo que no ocurre en los países democráticos. En España a nadie se le ocurre que el CNI proceda a detener a nadie. Su misión es conseguir información que ayude al gobierno a tomar decisiones. Si en sus pesquisas obtiene datos concretos para detener a terroristas de cualquier grupo, le pasa la información a la Policía o Guardia Civil, que judicializan el tema y proceden en consecuencia.
Otra cosa es lo que ocurre en las dictaduras. Ejemplos históricos como la Gestapo de la Alemania nazi o los servicios secretos de Argentina y Chile durante las dictaduras militares, demuestran que se usa al espionaje como policía política para investigar, detener, torturar y matar a los opositores al régimen. Lo espías no deben estar para eso. Y si lo están es porque el régimen ha perdido el norte y necesita cuerpos represores para mantenerse en el poder y acabar con la oposición interna. ¡Qué pena!
Hay muchas cosas que comentar sobre el caso, pero hoy quería referirme a un aspecto: los que detuvieron al alcalde acusado de conspirar contra el régimen venezolano fueron miembros del servicio secreto del país, que parece que se lo llevaron a su sede situada en el centro de la capital.
La actuación de los espías en estos casos es algo que no ocurre en los países democráticos. En España a nadie se le ocurre que el CNI proceda a detener a nadie. Su misión es conseguir información que ayude al gobierno a tomar decisiones. Si en sus pesquisas obtiene datos concretos para detener a terroristas de cualquier grupo, le pasa la información a la Policía o Guardia Civil, que judicializan el tema y proceden en consecuencia.
Otra cosa es lo que ocurre en las dictaduras. Ejemplos históricos como la Gestapo de la Alemania nazi o los servicios secretos de Argentina y Chile durante las dictaduras militares, demuestran que se usa al espionaje como policía política para investigar, detener, torturar y matar a los opositores al régimen. Lo espías no deben estar para eso. Y si lo están es porque el régimen ha perdido el norte y necesita cuerpos represores para mantenerse en el poder y acabar con la oposición interna. ¡Qué pena!
martes, 10 de febrero de 2015
La historia que no se cuenta de Falciani, el hombre que sacó a la luz las cuentas secretas en Suiza
Herve Falciani es el experto informático francoitaliano, nacido en Mónaco, cuya información ha permitido desatar en España las últimas
operaciones contra la corrupción, como la recientísima “Operación Púnica”, a
cuya cabeza estaba el ex político Francisco Granados. Su historia comienza en 2006 cuando el
banco suizo HSBC le encarga reforzar el sistema de seguridad del banco.
Para este tipo de puestos se designa a
personas de la máxima confianza y Falciano lo era, aunque no se comportó como
tal. Tuvo acceso a 130.000 cuentas opacas pertenecientes a hombres y
mujeres influyentes en todo el mundo que escondían miles de millones evadidos a
los impuestos de sus países u originados en delitos inconfesables de todo tipo.
Meter su
dinero en el HSBC era legal en Suiza, pero ilegal en el resto del mundo. Así que monta un dispositivo para robar
todo tipo de información que cruzada informáticamente permita identificar a los
poseedores de esas cuentas.
Su objetivo es vender esa información y
sacarse un dinero. En 2008 hace un
primer intento de venta en el extranjero, pero no mide bien los riesgos y la
policía suiza es alertada. Los datos no son suficientes para identificarle,
pero es interrogado y lo niega todo. Sabe ya que es cuestión de tiempo que le
detengan y huye a Francia, donde su nacionalidad francesa impedirá que le
extraditen.
No obstante, es detenido en un primer momento por
una orden internacional de búsqueda lanzada desde Suiza, pero en prisión negocia con el servicio secreto francés. Inmunidad a
cambio de facilitarles los datos que afectan a ciudadanos franceses. Falciani
entra en el mundo de los agentes oscuros. Numerosos
potentados franceses son descubiertos y empiezan a pagar cientos de millones de
euros para evitar la cárcel, mientras los suizos se quejan sin que en Francia
nadie atienda sus reclamaciones.
En ese momento entra en escena el CNI
español. Llega a un acuerdo con el informático para facilitarte todo tipo
de ayuda a cambio de que les facilita la
lista con los 659 españoles con cuentas opacas que han operado en los diez años
anteriores con el HSBC. A cambio le garantizan una tranquila estancia en
prisión para guardar las formas y toda
la protección necesaria. No es que Suiza vaya a intentar matarle, pero hay
130.000 implicados en delitos de evasión fiscal a los que se les podría ocurrir
cometer una locura.
Desde el
momento en que el CNI consigue traerlo a España, tanto sus agentes como
policías especializados en corrupción mantienen largas entrevistas con él para
recibir sus datos, al mismo tiempo de que se consigue que los jueces no le
extraditen amparándose en que no hay pruebas solventes de su robo.
Los grandes
casos de corrupción que ya habían explotado en España en 2012 y otros que
afloran posteriormente tienen un apoyo increíble en la información obtenida por
Falciani. Personas como el banquero Emilio Botín con cuentas en Suiza regularizan
su situación y otros sumarios se activan
como el de la trama Gurtel, la operación Campeón y el caso de las ITV en
Cataluña. Y más recientemente, el caso Púnica que ahora está todos los días
en los medios de comunicación.
Herve Falciani se ha
convertido en un protegido del CNI y de otros servicios secretos, pero también
en uno de los hombres más odiados por los implicados de todo el mundo en redes de
corrupción. Y el más querido por partíos como Podemos, que lo van a utilizar como imagen de la lucha contra la corrupción.
miércoles, 4 de febrero de 2015
¿Espía el CNI a Podemos y la Policía a Bárcenas?
El mundo de las alcantarillas del poder trata de conseguir información sobre los temas que afectan al Gobierno utilizando cualquier herramienta a su alcance. Ha sido así siempre y lo seguirá siendo toda la vida. En las últimas semanas han aparecido dos noticias especialmente conflictivas. En una de "El Confidencial Digital" se apuntaba el temor de los dirigentes de Podemos de estar controlados por agentes del CNI. En otra, de "El Mundo", el comisario Villarejo ha denunciado que en Asuntos Internos de la Policía se ha investigado la información que Bárcenas podía esconder sobre las actividades sucias del Partido Popular.
En los dos casos, la experiencia apoya la verosimilitud de las denuncias. El Gobierno tiene razones suficientes para necesitar información sobre ambos casos, porque puede afectar a su estabilidad. En el caso de Podemos porque es un movimiento que levanta preocupación en muchos países occidentales por sus propuestas revolucionarias como la de sacar a España de la OTAN. Digan lo que digan, es un tema que afecta profundamente a la estabilidad del país tal y como lo concebimos, argumento suficiente para desplegar las redes del servicio secreto sobre ellos. Eso sí, como Podemos es una organización legal, siempre habrá que desmentirlo.
El argumento es más complicado de explicar en el caso de Bárcenas, pues si bien es cierto que sus denuncias afectan al Gobierno, en realidad el más afectado sería el Partido Popular. La historia de la democracia no tiene muchos casos en los que sectores de la Policía hayan entrado en estos temas, principalmente porque al moverse en el terreno de la ilegalidad, se suelen dejar en manos de los espías. El secreto es más propio de ellos y cuentan con la ventaja de que no tienen la cultura de la Policía de trabajar para los jueces y dentro de los límites de la legalidad. Muchos han pensado que si la creación de los GAL se hubiera encargado al entonces CESID y no a la Policía, el tema nunca habría sido descubierto.
Difícilmente sabremos si es real el espionaje a Podemos porque estas cosas el CNI las hace muy bien, pero lo de Bárcenas, con un policía cabreado como Villarejo, que es un fontanero experto, es otra cosa. Han intentado implicarle en la trama del "pequeño Nicolás" y no les va a perdonar. Este sí puede ser un gran escándalo político.
En los dos casos, la experiencia apoya la verosimilitud de las denuncias. El Gobierno tiene razones suficientes para necesitar información sobre ambos casos, porque puede afectar a su estabilidad. En el caso de Podemos porque es un movimiento que levanta preocupación en muchos países occidentales por sus propuestas revolucionarias como la de sacar a España de la OTAN. Digan lo que digan, es un tema que afecta profundamente a la estabilidad del país tal y como lo concebimos, argumento suficiente para desplegar las redes del servicio secreto sobre ellos. Eso sí, como Podemos es una organización legal, siempre habrá que desmentirlo.
El argumento es más complicado de explicar en el caso de Bárcenas, pues si bien es cierto que sus denuncias afectan al Gobierno, en realidad el más afectado sería el Partido Popular. La historia de la democracia no tiene muchos casos en los que sectores de la Policía hayan entrado en estos temas, principalmente porque al moverse en el terreno de la ilegalidad, se suelen dejar en manos de los espías. El secreto es más propio de ellos y cuentan con la ventaja de que no tienen la cultura de la Policía de trabajar para los jueces y dentro de los límites de la legalidad. Muchos han pensado que si la creación de los GAL se hubiera encargado al entonces CESID y no a la Policía, el tema nunca habría sido descubierto.
Difícilmente sabremos si es real el espionaje a Podemos porque estas cosas el CNI las hace muy bien, pero lo de Bárcenas, con un policía cabreado como Villarejo, que es un fontanero experto, es otra cosa. Han intentado implicarle en la trama del "pequeño Nicolás" y no les va a perdonar. Este sí puede ser un gran escándalo político.
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