En España existe un número muy elevado de bases de
datos que permite a los cuerpos de seguridad y al CNI elaborar perfiles
completos sobre cualquier ciudadano solo tecleando su nombre en un ordenador.
Hace unos días, el diario El País desvelaba que el Gobierno va a crear un
fichero contra el blanqueo de dinero con 34 millones de cuentas. Una decisión
que ya ha sido muy criticada porque abre la espita para que controlen nuestra
vida sin orden judicial.
El problema es que esa base de datos no es la
única de la que dispone el CNI y los cuerpos policiales para saberlo todo de
nosotros. Se trata de acumular la mayor cantidad de información posible en
bases de datos y, lo que es trascendental, elaborar con ellas perfiles sobre
las personas a investigar y las que están próximas a ellas.
Es un sistema de trabajo que permite acumular toda la
información que haga falta, con programas informáticos avanzados, sobre los
ciudadanos, sospechosos y no sospechosos, para cuando sea necesario desnudar su
vida privada y pública durante el presente y los años anteriores.
En España le llaman “minería de datos” y consiste en
utilizar el mayor número posible de bases de datos que acumulan información
interesante para los investigadores –cuerpos policiales o de espionaje- y con
determinados procedimientos seleccionar todo lo que haya sobre una o varias
personas.
El primer paso son las llamadas bases primarias, que
acumulan información concreta sobre temas particulares. Son muchas las
existentes en España y sería interminable abarcarlas a todas, pero sí podemos
mencionar a las más importantes.
El “SUBA” es el Sistema Unificado de Consultas de las
Bases de Datos, compartido por la Policía y la Guardia Civil. Este sistema les
permite consultar información controlada por cada uno de los cuerpos. Aquí
están las bases de datos del DNI –en la que estamos todos los españoles-, armas
y explosivos –los que tienen algún tipo de licencia-, viajeros –alimentada por
todos los hoteles que tienen la obligación de enviar los datos de las personas
que se alojan allí-, alquiler de vehículos, reconocimiento de voces –“Saivox”-,
ADN y huellas dactilares –base de datos llamada “SAID”, Sistema Automatizado de
Identificación Dactilar-.
Estas no son las únicas bases de datos primarias que
actualmente funcionan a pleno rendimiento. Están también el “SRI” –Sistema de
Registro de Investigaciones-, la base de datos de la Agencia Tributaria, el
“SIS- SIRENE” del espacio Schengen, el “Perpal-BDSN” de señalamientos
nacionales, “ADEXTRA” sobre la situación legal en España de los extranjeros y
“SENDA” sobre el crimen organizado.
A las que habría que sumar muchas otras informaciones a
las que pueden tener acceso como el PNR (Pasenger Name Record), que es el
localizador de los billetes de avión, el código que sirve de clave para
localizar los datos de cualquier viajero: nombre, vuelo, línea aérea, número de
vuelo, ruta, fecha, horario, clave de servicio, teléfono de contacto y método
de pago.
Las bases de datos primarias citadas sirven de base para
una posterior investigación, en la que entran en juego otros sistemas de
obtención de información, como SITEL, el Sistema de Interceptación Legal de
Comunicaciones, con terminales en la Policía, la Guardia Civil y el CNI –Centro
Nacional de Inteligencia-.
Cuando una interceptación telefónica se pone en marcha,
las compañías telefónicas tienen que entregar a agentes de la autoridad y
espías las llamadas del año anterior del sospechoso, lo que permite dibujar con
toda exactitud sus movimientos. No es el contenido de las conversaciones lo
importante, sino lo que los especialistas llaman metadatos, 16 aspectos que
permiten el acceso a la vida íntima de esa persona. Esa información identifica
lo que la Sociología llama “el número de Dumbar”, que son las 150 personas con
las que un individuo se relaciona habitualmente. Ese dato es trascendental en
cualquier investigación y aunque oficialmente se niega su archivo una vez
terminada la causa, muchos dudan de que así se haga.
Uno de ellos es el conocido abogado penalista Jacobo
Teijelo: “Lo que han sacado lo introducen en una base de datos, que abre nuevos
procesos con otros jueces distintos, a los que se oculta la procedencia de la
pista inicial”.
La información obtenida en las bases de datos primarias y
en operaciones en las que se ha usado SITEL es tratada selectivamente y dan
origen a las bases de datos secundarias, en las que ya hay una fijación de
objetivos, tales como terrorismo islamista, blanqueo de dinero o narcotráfico.
Así funcionan las bases de datos “SIGO” de la Guardia Civil y “GATI” de la
Policía Nacional.
El abogado Teijelo se muestra especialmente preocupado
por la actual tendencia en España a crear perfiles criminológicos, que elaboran
buscando en esas bases de datos. “No tendría problemas –añade- cuando se
persigue un dato concreto. El problema es cuando no hay delitos y se buscan
características de estilo de vida de los responsables de lo que todavía no ha
pasado”.
La tendencia actual a llegar antes de que se produzca el
delito –como reflejaba la película futurista “Minority report”- es para Teijelo
un intento de justificar este sistema de creación de bases de datos de los
ciudadanos. El abogado asegura que nunca mantiene conversaciones por teléfono
con sus defendidos y recomienda precaución con el uso de las tarjetas de crédito,
porque al final son parte del control que pueden ejercer sobre nosotros.
Concluye con una broma: “Caín mató a Abel hace muchos siglos y todavía no le
han detenido porque no llevaba encima un teléfono móvil”.
EL CASO ESPECIAL DEL CNI
El servicio de inteligencia español tiene unas
características de secretismo que permiten que nadie conozca lo que se está
tejiendo entre las paredes de sus diversos edificios. SITEL facilita obtener
una serie de informaciones que la Policía y la Guardia Civil pueden guardarse,
pero les es imposible utilizarlas sin antes “blanquearlas”, es decir, sin
inventarse un motivo con el que justificar ante un juez el modo en el que las
han conseguido. Porque los dos cuerpos de seguridad se diferencia del CNI en
que todas sus actuaciones están dirigidas a judicializar sus actuaciones.
Por el contrario, el CNI es un servicio de inteligencia
que informa al Gobierno sin explicar en ningún momento cómo han conseguido sus
datos. El ejemplo más claro sucedió en 1998 cuando se descubrió que tenían
llena de micrófonos la sede del entonces legal Herri Batasuna, en Vitoria.
Durante el escándalo, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, entonces
responsable político directo del servicio, manifestó en el Congreso de los
Diputados que ellos no tenían por qué conocer los métodos que empleaba el
espionaje para conseguir la información que les remitían sobre la banda
terrorista ETA.
Esto hace que el CNI actúe como la CIA, la NSA y el resto
de servicios de inteligencia del mundo. Tienen unos medios potentísimos capaces
de conseguir información no solo por SITEL. Al igual los estadounidenses,
disponen de un registro con información de lo que hacen miles de usuarios en
Internet, desde su historial de navegación (mapas de búsqueda y sitios webs que
visita), sus correos electrónicos e incluso las contraseñas de sus cuentas.
Solo con eso pueden elaborar un perfil detallado de la vida del usuario. Pero
si lo relacionan con el acceso a todas las bases de datos citadas más arriba,
más el acceso por diversos medios a bases de datos como las de Tráfico,
Hacienda o la Seguridad Social, es brutal la información a la que tienen acceso
sobre cualquiera de sus objetivos.
INTIMIDACIÓN
Las bases de datos tienen, según algunos especialistas en
la materia, un primer objetivo que es la intimidación. Se trata de que las
personas sepan que el Estado puede saberlo todo y nada escapa de su control.
Para ello, quienes están ojo avizor saben interpretar algunas de las noticias
que se han producido en el último año y que han pasado desapercibidas para la
gran masa de la población.
Una es el “proyecto red azul” que intenta establecer el
intercambio de datos entre los cuerpos de seguridad y los detectives privados.
Partiendo de la voluntad –poco real hasta el momento- de la Policía de facilitar
a los detectives información que les pueda ser de utilidad en los casos que
lleven, establecen su acceso a las investigaciones que ellos consideren que les
pueden ser de utilidad de los detectives privados, motivando la razón. Al mismo
tiempo, se establece un mecanismo para que los detectives les informen de todos
aquellos sucesos que les han llamado la atención durante alguna de sus
investigaciones.
Otro elemento nuevo que cambia mucho la situación
está establecido por la Unión Europea y es la llamada “Decisión marco,
iniciativa sueca”. Establece en cada país unos órganos con capacidad de
intercambiar información de las bases de datos nacionales. En España han sido
designados para tal trabajo el Centro de
Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y la Fiscalía Especial
Antidroga del Ministerio de Justicia. Esto permite que en España también se
pueda acceder a las bases de datos de otros países.
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